El Senado de la República aprobó y emitió la declaratoria de la reforma constitucional que establece la improcedencia de controversias, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo contra reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tras este aval, el documento fue enviado al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación oficial y entrada en vigor.
Durante la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, instruyó a la Dirección Jurídica del Senado a solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el sobreseimiento de cualquier impugnación en curso contra la reforma sobre el Poder Judicial y otras reformas emanadas del poder legislativo, una vez publicada la reforma. Este movimiento, destacó, tiene el objetivo de preservar la inviolabilidad de la Constitución y asegurar que ninguna entidad o individuo esté “por encima de la Carta Magna”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, calificó la reforma como «la más profunda de las reformas constitucionales en el país”, señalando que representa un avance crucial en la protección de la supremacía constitucional.
Respaldo de congresos estatales y críticas de la oposición
La reforma recibió el apoyo de 23 congresos estatales, incluyendo Baja California, Sonora, Hidalgo, y el Estado de México, cumpliendo con los requisitos de aprobación para su implementación. Sin embargo, la rapidez del proceso generó críticas por parte de algunos legisladores de oposición.
Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI, advirtió sobre las implicaciones para el sistema judicial, afirmando que “la historia juzgará” a los legisladores que aprobaron la reforma sin un debate amplio. Claudia Edith Anaya Mota, también del PRI, cuestionó la rapidez de la aprobación, argumentando que varios congresos locales validaron la enmienda en menos de 20 horas, lo que en su opinión refleja una falta de análisis y discusión.
Por su parte, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, sostuvo que el proceso se desarrolló conforme a lo establecido en la Constitución y subrayó la soberanía popular detrás de la decisión.
Con la publicación en el DOF, la reforma entrará en vigor y se aplicará a todos los asuntos en trámite, de acuerdo con las disposiciones transitorias. Esta medida marca un cambio significativo en la estructura de impugnabilidad dentro del sistema jurídico mexicano.
